Más de trescientos empleados del rubro tabacalero que conforman las plantas de las empresas For Men SA (Santa Fe) y Bronway Technology SA (Rosario) se encuentran preocupados por el posible cierre de las pymes. En ese sentido, advierten que corren peligro sus fuentes de trabajo y acusan que existe un "lobby de agentes multinacionales sobre funcionarios judiciales".
Según consigna el sitio el ciudadano web, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con votos favorables de Élida Vidal y Guillermo Toledo, había finalmente concedido una cautelar planteada por la pyme rosarina para que AFIP entregase los instrumentos fiscales de control -estampillas- que eran denegados a partir de la puesta en marcha de un novedoso aplicativo, que les impedía autodeterminar el impuesto interno y que había llevado a la parálisis de tanto de esta empresa como de la firma santafesina y la suspensión de empleados.
Por esas horas llamó la atención el voto negativo del camarista Aníbal Pineda, a quien atribuyen vínculos con sectores de la política nacional y con autoridades de AFIP, sobre todo cuando sus dos colegas ya habían emitido opinión resultando ser su fallo irrelevante en cuanto a efecto jurídico alguno, destacaron desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras -Canet-.
Cuando los obreros se disponían a volver a trabajar, la jueza federal Sylvia Aramberri le fijó a la pyme una exorbitante fianza de 2.000 millones de pesos, lo cual tornó ilusoria la cautelar que días antes había concedido la Cámara Federal, describieron desde Canet. En este punto volvió a llamar la atención que la jueza de primera instancia citara repetidamente lo expuesto por Pineda aun sabiendo que era un voto en minoría, destacaron.
“Lo que hay que entender aquí –señalan a su turno desde Canet- es que existen intereses económicos en juego del monopolio Phillip Morris International (Massalin Particulares), que tiene presencia en 180 países y que en el año 2021 tuvo ingresos por más de 12.000 billones de dólares y que obviamente no quiere perder ninguna tajada del mercado en mano de pequeñas pymes regionales. Es tan así la cuestión que la ley de impuesto interno vigente -declarada inconstitucional en dos oportunidades por la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal- fue sancionada en el año 2017 y se conoció justamente como ley Massalin”.
El escándalo por la sanción de esa ley es investigado en el Juzgado Federal Nº4 en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, y tiene en la mira al vicepresidente ejecutivo del grupo MPI Matías O’Farrell y encumbrados directivos de AFIP, junto con operadores judiciales, indica el sitio elciudadanoweb.
En ese sentido, advierten que existe un fuerte lobby de la empresa de capitales norteamericanos y de otra empresa nacional pero integrada con capitales extranjeros con sede en Buenos Aires: gozan de amparo judicial por medida cautelar para sacar del mercado a las pymes santafesinas, destacan las tabacaleras locales nucleadas en Canet, desde donde añaden: “De otra manera resulta a todas luces incomprensible que en todas las medidas cautelares otorgadas a pymes del rubro nunca la fianza haya superado los 10 millones de pesos, mientras aquí la Justicia federal de Rosario la eleva 200 veces más”.
“El lobby también se traduce en la manipulación de la información a ciertos medios de comunicación donde se comunica que las pymes santafesinas no quieren pagar impuestos, cuando en el año 2022 lo han hecho por más de 8.000 millones de pesos”, destacan por su parte desde Bronway.
Los empleados de Bronway siguen movilizándose, mientras la empresa continía con una parálisis que lleva más de quince días, pero según expresó Juan Manuel de Iparraguirre -quien patrocina a la empresa rosarina- confían plenamente que la Cámara Federal de feria va a fallar de modo justo y los obreros podrán volver a sus lugares de trabajo. Asimismo, el abogado criticó duramente la falta de intervención de las autoridades locales en el conflicto que pone en riesgo centenares de puestos laborales.