Con la reforma laboral se trabajará más por el mismo sueldo

La discusión sobre la reforma laboral que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso no puede reducirse a un tecnicismo jurídico ni a un debate abstracto entre sectores. Esta reforma tiene un impacto real y profundo sobre el corazón de la economía argentina: las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y, con ellas, los millones de puestos de trabajo que sostienen.

Las PYMES no son simples números: representan el 98 % de las empresas formales del país, generan más del 70 % del empleo privado registrado y soportan buena parte de la masa salarial formal. Si estas empresas flaquean, quienes pierden no son cifras contables, sino familias que dependen de un sueldo, un proveedor que ve caer sus ventas y una comunidad local que pierde dinamismo económico.

Ahora bien: la reforma, tal como está planteada, no sólo no protege a este entramado productivo, sino que lo expone a condiciones de incertidumbre normativa y desprotección frente a demandas y negociaciones que muchas PYMES no pueden asumir. Obligar a pequeñas empresas a negociar paritarias de manera individual, eliminar la vigencia de acuerdos pasados y fragmentar las reglas de negociación colectiva no fortalece la producción ni el empleo; desvía recursos, y tiempo de lo que realmente importa: producir más y generar trabajo.

Al mismo tiempo, para el trabajador implicará trabajar más y ganar menos. La flexibilización de la jornada, a través de bancos de horas y esquemas compensatorios, habilita más horas efectivamente trabajadas sin el pago de recargos; la prioridad de acuerdos individuales o por empresa debilita la negociación colectiva y presiona los salarios a la baja; la reducción de indemnizaciones fomenta la rotación y la inestabilidad, lo que limita la capacidad de reclamar mejoras salariales; la compensación del esfuerzo adicional con tiempo y no con dinero suele diluirse en la práctica; y, sin mecanismos claros de actualización, en un contexto inflacionario el salario real cae, obligando a los trabajadores a extender su jornada para sostener ingresos que, aun así, valen cada vez menos.

Lo que está en juego no es solo una modificación legal, sino la supervivencia de miles de empresas sin estructura legal propia, que históricamente han generado estabilidad, cohesión social y oportunidades laborales en cada rincón del país. Sacarles respaldo en negociaciones colectivas o introducir vacíos normativos no es una solución equilibrada: es, como advirtieron dirigentes pyme, una amenaza a la continuidad de un tejido productivo ya frágil.

Más allá de debates ideológicos, cualquier reforma laboral debe aspirar a preservar los puestos de trabajo y ofrecer certeza a quienes generan empleo. No basta con hablar de “modernización”: se necesita un diálogo real con quienes sostienen el empleo industrial y regional, y una legislación que dé seguridad jurídica, previsibilidad y sostenibilidad a las pequeñas empresas.

Si el objetivo es promover empleo genuino y crecimiento, no se puede marginar a quienes arriesgan su capital, contratan y sostienen familias, dejándolas desprotegidas ante un marco legal que favorece a grandes estructuras con recursos legales y financieros para enfrentar demandas y negociaciones complejas. Esta no es una cuestión menor: es el pulso mismo de la economía laboral argentina.

En definitiva, antes de avanzar con una reforma que podría ser un “jaque mate” para muchas PYMES, es imprescindible replantear sus artículos más lesivos y abrir espacios de diálogo que pongan en el centro la creación y protección del empleo, no solo la flexibilidad legal abstracta.