La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se expresaron sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y alertó sobre las modificaciones en los convenios colectivos que podrían generar mayor inestabilidad y disputas en el ámbito laboral.

En una nota enviada al Senado, las organizaciones que representan a las pymes solicitaron la supresión de varios artículos para evitar complicaciones jurídicas. Concretamente, las entidades pidieron que se eliminen los artículos 126 al 132 del proyecto, argumentando que su implementación podría contrariar el espíritu de la reforma y propiciar un clima de mayor incertidumbre para empleadores y trabajadores.

“El artículo modificatorio de la ley de negociación colectiva vigente desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral. Además de resultar incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, al introducir una regresión injustificada en derechos laborales consolidados, y cuya consecuencia será generadora de mayor imprevisibilidad y conflictos”, sostuvo el comunicado.

Los organismos aseguraron que el artículo 128, que veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias mientras preserva los de los sindicatos. Las cámaras calificaron esta medida como desigual y discriminatoria, ya que podría debilitar la representación patronal a nivel nacional y desequilibrar las negociaciones colectivas.

En cuanto a los artículos 130 y 131, criticaron que se prioricen los convenios por empresa sobre los sectoriales. Para la organización, esto fragmentaría el marco regulatorio de las actividades económicas, introduciendo disparidades salariales injustificadas y vulnerando el principio de igual paga por igual labor.

Finalmente, el artículo 132 fue criticado por otorgar al Estado la potestad de suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Las tres cámaras advirtieron que esta facultad discrecional añade un elemento de imprevisibilidad que perjudica la planificación tanto de empresas como de empleados.

El texto, firmado el presidente de la CAME, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, enfatizó que estas recomendaciones buscan forjar una ley que asegure “estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad”.

El oficialismo buscará aprobar la reforma durante el período de sesiones extraordinarias que se desarrollarán del 2 al 27 de febrero.